El fraude siempre ha existido y siempre existirá y las aseguradoras lo asumen....pero cada vez menos. La clave para las compañías reside en administrar sus fuerzas y saber decidir en qué casos compensa investigar y en cuáles resulta menos caro hacer la vista gorda... Incluso cuando algo huela a chamusquina.

El pasado año, las 21 entidades que colaboraron con el estudio sobre el fraude de ICEA destinaron 6,7 millones de euros a analizar posibles timos. Dicha inversión permitió eludir estafas donde se reclamaba el pago neto de 341 millones de euros en indemnizaciones. Así, por cada euro dedicado a investigación se evitó pagar casi 52 euros. Estos datos han convencido a las compañías de la rentabilidad de invertir en la investigación del fraude, por lo que cada vez serán más los tramposos, ya sean particulares, talleres o agentes y corredores lo que serán pillados in fraganti.

Para destapar los engaños las aseguradoras movilizan a sus peritos, quienes se encargan de valorar el origen del siniestro y el importe de los daños. También contratan los servicios de detectives privados. Su labor es contrastar si la documentación aportada es verdadera y si los relatos expuestos por los implicados en el siniestro son o no creíbles. A veces, las compañías acuden a laboratorios especializados para analizar las muestras recogidas en el lugar del siniestro. E incluso en algunas ocasiones requieren los servicios de empresas especializadas de diversa índole. Un ejemplo: cuando se derrumba un edificio puede ser necesario contratar a una empresa de recogida selectiva de escombros porque entre los restos del inmueble puede residir la clave de un fraude.

Fuente: ICEA, Cinco Días e Infoluna