Asturias se suma a la persecución al taller ilegal o irregular y denuncia a 90 negocios

Los talleres legales, que tienen su licencia de actividad en funcionamiento, que pagan sus impuestos y tienen a su personal en regla, no van a parar en ninguna comunidad y van a por aquellos que consideran que son una competencia desleal. El último caso de persución al taller que no cumple es Asturias

La patronal asturiana de concesionarios y talleres de coches (Aspa) ha emprendido una campaña para detectar y denunciar a «chollistas» y centros de reparación «fuera de la ley» que, según la citada organización, compiten con los establecimientos autorizados.

En el último año, la asociación empresarial ha denunciado la existencia de 90 de estos negocios de economía sumergida ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), departamento de la Guardia Civil con competencias para recibir las reclamaciones, que también se tramitan ante la Administración regional o los ayuntamientos. Según las explicaciones de la patronal, se ha dado el caso de uno de estos talleres sin autorización instalado con todo tipo de maquinaria en un chalé.

El Seprona, el más activo

Según el secretario general de Aspa, Cesáreo Marqués, el problema está en que muchas de las denuncias suelen quedar sin sanción porque «ni el Gobierno regional ni los ayuntamientos están actuando con la agilidad que se requiere». Marqués elogió, en cambio, el trabajo del Seprona.

Las denuncias suelen atascarse en la maraña burocrática de la administración. Estos procesos depende de tres departamentos del Principado (Medio Ambiente, Consumo e Industria). «Deberían darse una mayor agilidad para solucionar estos problemas, porque estos establecimientos son un daño para la sociedad, trabajan sin ninguna garantía, no pagan impuestos y no generan empleo, sino que contribuyen a destruirlo», afirma Marqués.

En los últimos meses la patronal ha documentado con fotos e informes la existencia de 90 de estos talleres fraudulentos, aunque aseguran que hay muchos más funcionando. Según el citado directivo de Aspa, uno de los casos más singulares es el de un taller habilitado «en una vivienda unifamiliar con todo tipo de maquinaria» para llevar a cabo las reparaciones. Generalmente, son personas en paro o jubilados quienes recurren a estas actividades sumergidas.

La normativa prevé para este tipo de negocios, además de la clausura del local, sanciones de hasta 10.000 euros. Aspa también han detectado bastantes casos, denuncia, de talleres que son sancionados y a los pocos días abren de nuevo en un local diferente.

Fuente: INE.es