El Gobierno prepara un decreto que disparará el precio de las pólizas de asegurados con varios siniestros de lunas en su historial como conductor

El Gobierno trabaja en una peligrosa reforma normativa que abre la puerta a un cambio profundo en la forma en la que las aseguradoras fijan el precio del seguro del automóvil. El Gobierno trabaja en un real decreto que desarrolla la reciente transposición de una directiva europea y que permitirá a las compañías utilizar de manera sistemática el historial de siniestros de los conductores para calcular las primas. Un movimiento técnico en apariencia, pero con un impacto directo en el bolsillo de millones de automovilistas, al institucionalizar el uso de registros centralizados de antecedentes como herramienta clave para encarecer —o abaratar— los seguros.

El eje de la reforma está en el refuerzo del llamado Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), una base de datos pública gestionada por el Consorcio de Compensación de Seguros que hasta ahora tenía un uso fundamentalmente administrativo y de control. El nuevo texto amplía y clarifica tanto el contenido del fichero como el acceso a su información, dotándolo de una presunción de veracidad y facilitando su consulta no solo por la DGT, jueces o perjudicados en accidentes, sino también por aseguradoras, corredores y tomadores de seguros. En la práctica, el historial del seguro y siniestralidad de cada vehículo —y por extensión de su conductor habitual— pasa a convertirse en una pieza central del sistema.

El artículo más sensible del proyecto es el que regula la “certificación de antecedentes siniestrales”. La norma deja negro sobre blanco que las entidades aseguradoras podrán tener en cuenta ese historial en la determinación de las primas del seguro obligatorio. Es decir, los partes con culpa, la ausencia de siniestros o la reiteración de accidentes quedarán registrados y podrán ser utilizados para segmentar riesgos. El texto obliga a las compañías a publicar en sus páginas web una sinopsis general de sus políticas de tarificación basadas en antecedentes, pero no les exige detallar fórmulas ni algoritmos, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad comercial.

El refuerzo del registro no se limita al ámbito de las aseguradoras. La norma amplía el número de actores con acceso legítimo al fichero, incluyendo autoridades de tráfico, centros sanitarios y servicios de emergencias, y consolida el intercambio de información entre el Ministerio de Economía, el de Interior y la Dirección General de Tráfico. Ese cruce de datos, avalado por la ley y blindado con referencias explícitas a la normativa de protección de datos, consolida un ecosistema en el que el historial del conductor deja de ser un elemento difuso para convertirse en un activo regulado y explotable.

El riesgo es que esta arquitectura legal facilite subidas generalizadas de precios bajo el paraguas de la “tarificación por riesgo”. Un conductor con varios partes, aunque sean de escasa gravedad, como pueden ser los siniestros de lunas, puede ver cómo su historial le penaliza durante años, mientras que la capacidad real de corregir errores en los registros queda limitada a procedimientos de rectificación complejos y poco conocidos. La norma prevé canales de reclamación, pero sitúa la carga de la prueba en el asegurado, que deberá detectar y corregir posibles fallos en su certificación de siniestros.

En paralelo, el texto legaliza de facto la utilización de sistemas comunes de información para la selección y tarificación de riesgos, una práctica que hasta ahora se movía en una zona gris. Con la cobertura normativa, las aseguradoras podrán apoyarse en bases de datos compartidas para afinar precios y descartar perfiles menos rentables. Todo ello, además, en un contexto de inflación de costes en el sector y de presión sobre la rentabilidad de las pólizas de automóvil.

Así, lo que Moncloa presenta como una actualización técnica del reglamento del seguro obligatorio supone, en realidad, un cambio estructural: el historial del conductor pasa a ser un factor central, registrado, accesible y determinante. Una reforma que refuerza el poder de las aseguradoras para ajustar precios al alza y que anticipa un mercado más segmentado, donde cada accidente deja una huella duradera en el registro y, previsiblemente, en el recibo anual del seguro.