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Redacción Infoluna | 242
Miércoles, 04 de Abril de 2012
Piden la liberalización del servicio

Los concesionarios siguen presionando para que les permitan realizar la labor de las ITV

La Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor (Fecavem) se ha adherido  a la petición de Faconauto, la patronal española de los concesionarios, para que se liberalice el servicio que prestan las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) al considerarla poco transparente.

 

Faconauto formuló esta petición al hilo de la investigación abierta por una juez de Barcelona en relación con una supuesta trama para amañar concursos para la concesión de ITV en Cataluña.

 

Los vendedores de vehículos catalanes recuerdan, en un comunicado, que en España no se ha producido la citada liberalización, pese a que en 2000 el anterior Gobierno del Partido Popular legisló en este sentido.

 

En concreto, el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, recogía medidas dirigidas a liberalizar la actividad de inspección técnica de vehículos, sustituyendo el sistema de concesión administrativa por autorizaciones regladas, e incluyendo los talleres de reparación como empresas susceptibles de desempeñar esta actividad.

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Sin embargo, según lamenta Fecavem, la liberalización no se ha producido "en términos reales" en Cataluña, al igual que en otras autonomías, ya que la Generalitat sigue sin trasladar el régimen de autorización de las ITV a su legislación autonómica, negociando prórrogas o adjudicaciones de concesión incumpliendo la normativa vigente.

 

Fecavem asegura que la no apertura de las ITV a otros actores favorece la consolidación de un oligopolio en este sector, lo que puede dar lugar a situaciones irregulares como las que se investigan en Barcelona.

 

Esta federación recuerda que en 2010 interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en contra del régimen de adjudicciones del anterior Gobierno catalán.

 

Por su parte, la patronal de las empresas de inspección técnica de vehículos (AECA-ITV) recuerda que las comunidades autónomas que han considerado incompatible la prestación de este servicio por parte de los talleres, tal y como proponen concesionarios y vendedores, lo han hecho porque, "al ser juez y parte", resultaría perjudicial para la seguridad.

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