Vigo, otro ejemplo de la "caza y captura al taller ilegal"

En España ha comenzado la “caza al taller ilegal”. En todas las provincias se está denunciando a quien trabaja ilegal frente a quien cumple y paga religiosamente lo que corresponde para trabajar con todo en regla. En este caso han sido los talleres vigueses quienes han inicado una ofensiva de denuncias.

La "economía sumergida" y el intrusismo se ha convertido, en plena crisis, en el principal objetivo de la asociación de autónomos APE-Galicia, que preside José Ramón Caldas, que ha emprendido una campaña de denuncias y gestiones ante las instituciones para sacar a la luz la "proliferación", de lo que denominan "talleres clandestinos" para reparar coches en bajos particulares, la venta de vehículos en plena calle o los trabajos eléctricos realizados por "personas no autorizadas". En el marco de este campaña, el colectivo ya ha trasladado sus demandas al delegado del Gobierno, Samuel Juárez, al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda y a numerosos concellos.

Uno de los casos de intrusismo que más inquieta a APE-Galicia es el de los talleres ilegales de reparación de vehículos. En estos últimos meses, los autónomos han detectado la presencia de al menos 151 locales "clandestinos" en la provincia, de los que 24 están en la ciudad de Vigo y otros 11, en Porriño.

Las denuncias, formuladas ante la Policía Autonómica y, según Caldas, también ante el Seprona, no han podido ser ratificadas en todos los casos. De hecho, APE-Galicia explica que 53 expedientes fueron desestimados "ya que después de un reconocimiento por la zona, se no se observaron actividades anormales". Sin embargo, los autónomos insisten en sus denuncias porque "la mayor parte de estos talleres ilegales se sitúan en el bajo de domicilios particulares, por lo que la capacidad de inspección se restringe mucho. De hecho –añade– vecinos preguntados al respecto afirman haber visto movimientos sospechosos, pero esa actividad cesa cuando se corre la voz de que la Policía realiza vigilancias". En otros 27 casos si se constató esta actividad "clandestina" por motivos como "falta de licencia y autorizaciones pertinentes, o falta de gestión de residuos".

Esta campaña contra el intrusismo y la economía sumergida se inició en enero pasado, tras un acuerdo de la junta directiva, en la que se analizó un reciente Real Decreto al respecto y se puso sobre la mesa la conclusión de que "la economía sumergida puede considerarse como un problema histórico ya que en realidad y en contra de lo que pudiera parecer, no aumenta significativamente con la crisis. Por eso –añade– la lucha contra este fenómeno es una antigua reivindicación de los autónomos y las pequeñas empresas, ya que este problema y su importancia es minusvalorado desde hace tiempo", se quejan los afectados.