EL AUMENTO DE ESTAS ACCIONES POR CLIENTES, TALLERES Y SU PROPIO PERSONAL HA HECHO QUE ESTUDIEN ACCIONES CADA VEZ MÁS CONTUNDENTES
El fraude de más de 400 euros a una compañía aseguradora puede suponer una pena de cárcel de hasta 6 años
El fraude en las aseguradoras alcanza cifras escandalosas y aún más a raíz de la actual situación económica. Según cifras de ICEA, el fraude neto en euros evitado en 2010 alcanzó los 341,1 millones de euros y el coste inicial reclamado en los casos de fraudes alcanzó los 485 millones de euros, cifras más que considerables para que las compañías diseñen modelos de actuación y persecución para este tipo de fraudes, algo por desgracia cada vez más común. Este aumento de fraudes resulta especialmente acentuado en el seguro de automóvil: hay que tener en cuenta que casi el 78% de fraudes se llevan a cabo en esta categoría de seguros.
Por eso, las aseguradoras se están poniendo cada vez más serias con este tema y para frenar estos fraudes gastan cada vez más dinero en investigación de fraudes y valoran tomar acciones penales contra los defraudadores
“En muchos casos, el defraudador no es consciente de que las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que cree, incluso penales. A menudo las penurias económicas, la ausencia de reproche social o la respuesta, en general, muy lenta de las aseguradoras, animan a defraudador a emprender sus acciones”, asegura Marco Esteban, abogado especialista en derecho penal.
La situación más graves de este tipo de hechos es la consideración como delito de estafa tipificado en el Código Penal, pudiendo acarrear fuertes multas o incluso la cárcel.
Según Marco Esteban “los delitos de estafa se encuentran castigados con penas de prisión de tres meses a tres años si la cantidad estafada supera los 400 euros. Las penas pueden ascender hasta seis años en determinados casos, como una cantidad estafada muy elevada o el abuso de la confianza de la víctima o de su firma.
El fraude en las aseguradoras alcanza cifras escandalosas y aún más a raíz de la actual situación económica. Según cifras de ICEA, el fraude neto en euros evitado en 2010 alcanzó los 341,1 millones de euros y el coste inicial reclamado en los casos de fraudes alcanzó los 485 millones de euros, cifras más que considerables para que las compañías diseñen modelos de actuación y persecución para este tipo de fraudes, algo por desgracia cada vez más común. Este aumento de fraudes resulta especialmente acentuado en el seguro de automóvil: hay que tener en cuenta que casi el 78% de fraudes se llevan a cabo en esta categoría de seguros.
Por eso, las aseguradoras se están poniendo cada vez más serias con este tema y para frenar estos fraudes gastan cada vez más dinero en investigación de fraudes y valoran tomar acciones penales contra los defraudadores
“En muchos casos, el defraudador no es consciente de que las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que cree, incluso penales. A menudo las penurias económicas, la ausencia de reproche social o la respuesta, en general, muy lenta de las aseguradoras, animan a defraudador a emprender sus acciones”, asegura Marco Esteban, abogado especialista en derecho penal.
La situación más graves de este tipo de hechos es la consideración como delito de estafa tipificado en el Código Penal, pudiendo acarrear fuertes multas o incluso la cárcel.
Según Marco Esteban “los delitos de estafa se encuentran castigados con penas de prisión de tres meses a tres años si la cantidad estafada supera los 400 euros. Las penas pueden ascender hasta seis años en determinados casos, como una cantidad estafada muy elevada o el abuso de la confianza de la víctima o de su firma.
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