De esta manera se reducirían los precios en un 30%
Industria ya tiene un borrador que incluye a los concesionarios y los talleres de chapa como estaciones de ITV
El Gobierno estudia liberalizar el sector de la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los concesionarios, pero también a los
talleres de chapa y mecánica. Así consta en un borrador del Ministerio de
Industria cuyo objetivo es acabar con la disparidad de criterios entre las diferentes
comunidades autónomas, pues cada una tiene su propio sistema y desde la
patronal se considera que existe un monopolio en el sector.
Situación que en el caso de Cataluña ha derivado en el Tribunal Superior de
Justicia, fallando a favor de la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos
a Motor (Fecavem), pues se declara nulo el concurso público por el que se
adjudicaron las ITV en esta comunidad. Una sentencia que puede abrir la espita
en otras regiones, pues el tribunal entiende que en este tipo de servicios debe
prevalecer la liberalización que emana de la directiva europea y no pueden
establecerse restricciones ni territoriales ni de número de operadores.
Actualmente, según la comunidad autónoma, existen diversos sistemas de gestión,
e incluso en aquellas que mantienen la concesión se presentan dos
modelos
distintos. Por ejemplo, hay tres comunidades en la liberalización que promueven
el sistema de autorizaciones, como son Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja,
otras tres con gestión directa, bien con sus propios funcionarios, como
Extremadura y Asturias, o bien mediante una empresa pública, como Andalucía. El
resto mantienen el régimen de concesiones, del que se benefician
fundamentalmente empresas que se reparten más del 90%.
Con la sentencia catalana, los concesionarios se consideran legitimados para
entrar en el negocio de las ITV en cualquier región en caso de extrapolarse un
pleito para seguir las directrices que marca la Unión Europea. Incluso se
considera que podría reducirse el precio actual de las inspecciones en un 30
por ciento, además de que el coste de una estación completa supera los dos
millones de euros, mientras que el de una línea en las instalaciones de los
concesionarios se sitúa en torno a los 100.000 euros. Además, se facilitaría el
servicio a los propietarios de vehículos adelantando un mayor incremento de la
frecuencia de las inspecciones, teniendo en cuenta las exigencias de la Unión
Europea en defensa de una mayor seguridad vial y calidad del medio ambiente.
Fuente: www.salamanca24horas.com
El Gobierno estudia liberalizar el sector de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los concesionarios, pero también a los talleres de chapa y mecánica. Así consta en un borrador del Ministerio de Industria cuyo objetivo es acabar con la disparidad de criterios entre las diferentes comunidades autónomas, pues cada una tiene su propio sistema y desde la patronal se considera que existe un monopolio en el sector.
Situación que en el caso de Cataluña ha derivado en el Tribunal Superior de
Justicia, fallando a favor de la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos
a Motor (Fecavem), pues se declara nulo el concurso público por el que se
adjudicaron las ITV en esta comunidad. Una sentencia que puede abrir la espita
en otras regiones, pues el tribunal entiende que en este tipo de servicios debe
prevalecer la liberalización que emana de la directiva europea y no pueden
establecerse restricciones ni territoriales ni de número de operadores.
Actualmente, según la comunidad autónoma, existen diversos sistemas de gestión,
e incluso en aquellas que mantienen la concesión se presentan dos modelos
distintos. Por ejemplo, hay tres comunidades en la liberalización que promueven
el sistema de autorizaciones, como son Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja,
otras tres con gestión directa, bien con sus propios funcionarios, como
Extremadura y Asturias, o bien mediante una empresa pública, como Andalucía. El
resto mantienen el régimen de concesiones, del que se benefician
fundamentalmente empresas que se reparten más del 90%.
Con la sentencia catalana, los concesionarios se consideran legitimados para
entrar en el negocio de las ITV en cualquier región en caso de extrapolarse un
pleito para seguir las directrices que marca la Unión Europea. Incluso se
considera que podría reducirse el precio actual de las inspecciones en un 30
por ciento, además de que el coste de una estación completa supera los dos
millones de euros, mientras que el de una línea en las instalaciones de los
concesionarios se sitúa en torno a los 100.000 euros. Además, se facilitaría el
servicio a los propietarios de vehículos adelantando un mayor incremento de la
frecuencia de las inspecciones, teniendo en cuenta las exigencias de la Unión
Europea en defensa de una mayor seguridad vial y calidad del medio ambiente.
Fuente: www.salamanca24horas.com
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