Pymes y autónomos no pagarán el IVA hasta cobrar las facturas

El 1 de enero de 2014, como el resto de medidas contempladas en la ley, entrará en vigor el denominado IVA de caja, otra de las reivindicaciones de los colectivos de autónomos. El régimen especial de IVA incluido en el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización permitirá no ingresar ese impuesto hasta que se cobre la factura.

Esta medida beneficiará en total a 2,3 millones de pymes y autónomos, tal y como indicó la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien recordó que está fue una de las apuestas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy tanto en el debate de investura como en el debate sobre el Estado de la Nación.

En concreto, Santamaría remarcó aque se podrán beneficiar de esta medida casi 1,3 millones de autónomos y más de 1 millón de pymes siempre que no estén sujetos al sistema de módulos y cuenten con un volumen de negocios inferior a los 2 millones de euros.

Como salvaguarda y para evitar incentivos al retraso de obligaciones de pago, se retardará también la deducción del IVA soportado en adquisiciones hasta el momento en que se efectúe el pago. «Es un sistema de doble caja», explicó la vicepresidenta. «Premiamos al cumplidor», destacó Santamaría, que reconoció que esta medida supone un importante esfuerzo para la Agencia Tributaria.

La vicepresidenta ha indicado que la futura ley también recoge medidas encaminadas a reducir las cargas administrativas de las empresas y a favorecer el acceso de los emprendedores a la contratación pública.

Se facilitará el contacto entre pequeños emprendedores para que puedan crear uniones de empresarios –dándose de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado– con las que podrán competir en mejores condiciones ante grandes contratistas.

Además se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos pasando de 350.000 euros a 500.000 euros, en los contratos de obra, y de 120.000 euros a 200.000 euros en los de servicio.

Asimismo se adecúa el régimen de garantías para la contratación pública a las posiblidades del emprendedor y se reduce la documentación acreditativa necesaria para contratar. Sáenz de Santamaría manifestó que con estas medidas se amplía la oferta, lo que se traduce en «menos precio y mejor servicio».

Asimismo, la ley contempla la prohibición expresa de que exista discriminación a favor de contratistas previos. En el capítulo de la lucha contra la morosidad, también contemplado en el acceso de los emprendedores a la contratación pública, se reduce el plazo de demora para que el contratista pueda resolver el contrato.

Exenciones para los que reinviertan los beneficios

Entre las medidas que recoge la nueva ley se incluyen una serie de incentivos a la inversión en el Impuesto de Sociedades. Las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se reinviertan en la actividad económica. Los autónomos se beneficiarán de esta medida. También se contemplan incentivos fiscales a la inversión en I+D+i. Las deducciones para este concepto que puedan aplicarse en un ejercicio podrán recuperarse mediante un sistema único en España de devoluciones. Por último, se amplían los incentivos fiscales para determinados activos intangibles. Las rentas obtenidas por su cesión gozarán de una reducción de hasta el 60%.

Fuente: La Razón