Además, el Gobierno deja de ingresar cerca de 112,5 millones en cotizaciones sociales
Los talleres ilegales defraudan a Hacienda unos 230 millones anuales
Los talleres ilegales
generan un fraude fiscal a la Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales
derivados no sólo del impago del IVA -que no le cobran al cliente final- sino
también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como
son los tributos de Sociedades e IRPF, según la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
Concretamente,
estos centros ilegales representan ya al 20% del total, por lo que estamos
hablando de alrededor de 10.000 negocios de posventa que actúan al margen de
las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de
Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad
Social ni la normativa medioambiental.
Asimismo, dado que los empleados carecen de contrato de trabajo legal y, por
tanto, no cotizan, estos centros clandestinos también incurren en una fraude
laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas cercanas a los 112,5
millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada taller ilegal tiene una
media de 1,5 empleados.
Unas
pérdidas de más de 3.500 millones de euros para la posventa
Lógicamente, al margen de los perjuicios económicos que genera esta actividad
sumergida, los talleres piratas también tienen un impacto negativo para el
propio sector automoción.
Concretamente, esta competencia desleal
generó a la posventa unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros en los
últimos seis años, agravando la ya de por sí difícil situación que atraviesa
este sector debido a factores como la caída de las matriculaciones –más de un
60% en los últimos años- o el envejecimiento del parque. En este periodo, la
facturación en el sector de la reparación retrocedió en cerca de un 30%, lo que
explica que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este
periodo.
Este sector –que aporta el 1,2% del PIB--, ha perdido entre 2007 y 2013 más de
12 millones de reparaciones anuales como consecuencia, por un lado, del déficit
de matriculaciones que ha reducido en un 40% cuota de vehículos menores de
cinco años, los más rentables para el taller; y, por otro, la creciente
antigüedad del parque, donde cerca de un 50% supera los once años, lo que se
traduce en menos pasos por el taller, limitando las entradas a las reparaciones
estrictamente necesarias como son las averías mecánicas.
Los talleres ilegales generan un fraude fiscal a la Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago del IVA -que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
Concretamente,
estos centros ilegales representan ya al 20% del total, por lo que estamos
hablando de alrededor de 10.000 negocios de posventa que actúan al margen de
las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de
Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad
Social ni la normativa medioambiental.
Asimismo, dado que los empleados carecen de contrato de trabajo legal y, por
tanto, no cotizan, estos centros clandestinos también incurren en una fraude
laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas cercanas a los 112,5
millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada taller ilegal tiene una
media de 1,5 empleados.
Unas
pérdidas de más de 3.500 millones de euros para la posventa
Lógicamente, al margen de los perjuicios económicos que genera esta actividad
sumergida, los talleres piratas también tienen un impacto negativo para el
propio sector automoción.
Concretamente, esta competencia desleal generó a la posventa unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros en los últimos seis años, agravando la ya de por sí difícil situación que atraviesa este sector debido a factores como la caída de las matriculaciones –más de un 60% en los últimos años- o el envejecimiento del parque. En este periodo, la facturación en el sector de la reparación retrocedió en cerca de un 30%, lo que explica que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este periodo.
Este sector –que aporta el 1,2% del PIB--, ha perdido entre 2007 y 2013 más de
12 millones de reparaciones anuales como consecuencia, por un lado, del déficit
de matriculaciones que ha reducido en un 40% cuota de vehículos menores de
cinco años, los más rentables para el taller; y, por otro, la creciente
antigüedad del parque, donde cerca de un 50% supera los once años, lo que se
traduce en menos pasos por el taller, limitando las entradas a las reparaciones
estrictamente necesarias como son las averías mecánicas.
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