Trabajo exige a las empresas que no despidan hasta 2021 y mantengan a los temporales

La ministra de Trabajo ya ha comunicado a los agentes sociales cuáles son las medidas que su Gobierno pondrá en marcha para retener por decreto el empleo en España una vez doblegada la pandemia. Yolanda Díaz pone fechas en el calendario a políticas intervencionistas muy del agrado de los sindicatos, pero contrarias a las tesis empresariales, que, de prosperar, dan por roto un diálogo ya muy mermado por la desconfianza que el Ejecutivo ha trasladado al mundo empresarial con sus medidas y opiniones durante la crisis sanitaria.

Las exigencias de la ministra se traducen en que las empresas no podrán extinguir contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la crisis del coronavirus hasta el 31 de diciembre, que es lo que mismo que prohibir el despido por causas asociadas al Covid-19 hasta 2021. En la práctica supone encarecer las extinciones y que las que tengan relación con la pandemia sean revisadas por un juez, quien podrá calificar el despido de nulo y, por lo tanto, la empresa tendrá que readmitir al trabajador con una compensación, o improcedente, y el empleado recibirá una indemnización de 33 días por año trabajado, como ocurre desde finales del mes de marzo.

La «cláusula de salvaguarda del empleo» obligará, por tanto, a las empresas a mantener el empleo hasta final de año. En caso contrario, deberán devolver todas las ayudas recibidas, las prestaciones abonadas a sus trabajadores en un ERTE de fuerza mayor y las cotizaciones, en el caso de cese extraordinario de actividad. Retener el empleo significa también que el empleo temporal, que fue suspendido por la crisis, se recupere hasta el 31 de diciembre.

La organización empresarial que dirige Antonio Garamendi ha pedido al Gobierno que mantenga los ERTE al menos hasta final de año para ayudar a que los sectores más afectados por el parón económico, como es el caso del turismo, el comercio o la industria del automóvil, de forma que puedan retornar a la actividad con un colchón de seguridad hasta que logren velocidad de crucero. Sin embargo, el Ejecutivo ya ha comunicado a los agentes sociales que su intención es que las regulaciones de empleo decaigan el próximo mes de junio y también que a partir de esa fecha será el Gobierno el que unilateralmente decidirá si las prorroga y en qué sectores.

Los escenarios del Gobierno

Tres escenarios de ERTE ha puesto sobre la mesa la titular de Trabajo para la desescalada que comenzó el lunes con el escenario 0 con la premura de volver a la rutina lo antes posibles y sortear con urgencia el desastre laboral que impuso el parón de la actividad. Para esta nueva fase en la crisis la titular de Trabajo ha planteado tres opciones de ERTE. El primero sería de fuerza mayor total para el caso de actividades que aún no pueden abrir, como es el caso de trabajadores de centros comerciales. El segundo sería de fuerza mayor parcial, para actividades han comenzado a medio gas, como un restaurante. Y, finalmente, quedarían las regulaciones de empleo por causas económicas para el resto de trabajadores. Estos últimos son pactados en las empresas y las suspensiones temporales por fuerza mayor requieren el aprobado de la autoridad laboral.

El comité ejecutivo de la CEOE decidió ayer seguir negociando con el Gobierno sobre las condiciones de mantenimiento de los ERTE, «por cuanto trata, junto a las líneas de liquidez, de las principales medidas de acompañamiento a las empresas y a las personas trabajadoras en la actual crisis del Covid-19». Si bien también aseguró que el planteamiento actual del Ejecutivo «no cumple los objetivos del necesario apoyo a las empresarios. Tampoco servirá -apuntó- para poder superar de manera progresiva la actual situación de parálisis que se mantiene en muchos sectores y empresas hasta la plena recuperación de su actividad».