El plástico entre el vidrio del parabrisas le va a salir caro a los talleres de lunas

Llegan malas noticias en forma de impuestos para los profesionales de la cristalería del automóvil. El culpable del aumento fiscal que van a sufrir los luneros está en el plástico que une las dos piezas del parabrisas. Ese PVB básico para garantizar que la luna no se rompa en caso de accidente o golpe lo va a cobrar caro el gobierno al ser un elemento muy contaminante.

El Gobierno quiere armonizar en toda España el impuesto verde al depósito de residuos en vertedero o su incineración que unas comunidades autónomas aplican y otras no. Así consta en el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados en su última versión –de finales de abril– que ya incorpora las recomendaciones del Consejo de Estado.

Se va a establecer  un impuesto especial de 0,45 euros por kilogramo a los envases de plástico no reutilizables, y el segundo, un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos que ya aplican unas comunidades autónomas pero otras no.

Respecto al impuesto especial sobre los envases de plástico, que se recoge en el artículo 68, quedarán incluidos todos los envases no reutilizables que contengan plástico diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías excepto si estos son necesarios para preservar o contener un artículo "durante toda su vida útil".

Por ejemplo se gravará los productos compuestos de más de un material, y uno de ellos sea plástico, en cuyo caso se gravará por la cantidad de plástico que contengan. 

La segunda de las medidas fiscales es un impuesto al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. El Gobierno considera en su propuesta de ley que se trata de un "mecanismo clave" para avanzar en economía circular y en los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado.

Armonizar impuestos en todas las CCAA

El proyecto de ley admite que esta figura impositiva "ya está vigente" en varias comunidades autónomas, pero observa que la "falta de armonización" en los elementos configuradores de los diversos impuestos autonómicos junto con el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan hecho uso de este impuesto "y otras no", debilita la "efectividad de este instrumento de cara al cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea", al tiempo que implica "un incremento de los costes indirectos para los contribuyentes".

Por ello, aclara que el impuesto sobre el depósito en vertederos, la incineración y la coincinieración es de carácter indirecto y recae sobre los residuos que se tratan a través de la gestión de residuos.

El impuesto descansará en las comunidades autónomas que "también podrán asumir las competencias de gestión de esta figura". No obstante, figuran algunas exenciones, como que sean las autoridades públicas las que ordenen esta entrega en vertedero en situaciones de fuerza mayor; la extrema necesidad o catástrofe; cuando se trate de decomisos de bienes a destruir; cuando la entrega sea de residuos para los que exista la obligación legal de eliminación, entre otras excepciones.

Por otro lado, el proyecto de ley contempla una batería de "ejemplos de instrumentos económicos" y otras medidas para reducir estos residuos tales como tasas y restricciones que se pueden aplicar en operaciones de depósito en vertedero o incineración con el fin de que esa sea la opción "menos deseable" en el tratamiento de los residuos.

Otros métodos a los que abre la puerta son el sistema de pago por generación de residuos a los productores, de acuerdo con la cantidad real de residuos generados e incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables así como a la donación de productos, sobre todo de alimentos; establecer regímenes de responsabilidad ampliada del productor para diferentes tipos de residuos; sistemas de depósito y devolución y otras medidas que incentive la recogida eficiente de productos y materiales usados.